Jornada del COIT sobre la subasta del espectro de 5G

El COIT celebró un webinar el pasado 3 de febrero para tratar los ‘Riesgos y oportunidades en los procesos de subasta de espectro’. Tomando como referencia la licitación de la banda de frecuencias de 700 MHz para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, es decir, la subasta del espectro para el 5G, la mesa de debate profundizó en los aspectos que el proceso de subasta puede suponer para el sector de las telecomunicaciones, la economía y la sociedad.

En el evento participaron varios de los principales actores del ámbito de las telecomunicaciones, con Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES; Judit Flórez Paredes, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y Juan José Ganuza, catedrático de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra y director de Mercados, Regulación y Competencia de Funcas. 

Tras la apertura de la jornada por parte de Antonio Portilla, vocal de la Junta de Gobierno del COIT y coordinador del Grupo de Trabajo de Políticas Publicas y Regulación, Marta Balenciaga Decana-presidente del COIT, introdujo la jornada resaltando “la importancia de que este proceso, clave para el sector, no se visualice exclusivamente bajo una perspectiva económica de aumento de recaudación pública, sino que se favorezcan los beneficios que todo esto conlleva para el conjunto de la sociedad, como es el aumento de la conectividad, la reducción de la brecha digital, la cohesión territorial y la recuperación del tejido económico y productivo”.

Manuel Ortigosa, miembro del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas y Regulación del Colegio, moderó la jornada y comentó que la banda de 700 Mhz es de especial interés por las características de propagación que supone. Los presentes concluyeron que este nuevo despliegue supondrá mayor velocidad y capacidad tecnológica móvil para el público en general. Afirmaron que el 5G es un salto cualitativo mayor que los anteriores que le preceden, con una tecnología más compleja y de baja latencia, lo que facilitará también a las empresas la gestión de más servicios y, en mayor grado, la integración de las redes que hay alrededor de las mismas. Por parte de la FEMP explicitaron su preocupación de que al final de la licitación es posible que aún continúen sin 5G hasta 4.000 unidades territoriales, lo que viene a ser unos 14 millones de españoles.

Calvo-Sotelo, al hilo de lo explicitado por Marta Balenciaga, confirmó que “el objetivo no es la recaudación”, y recordó que España tiene la mejor red de fibra óptica de toda Europa. “Quizá son algo excesivas las ideas de recaudación que ha fijado el Gobierno en el Plan, y creemos que el valor añadido que recibirían los ciudadanos al tener unas redes extensas de telecomunicación en el país superaría la diferencia en cuanto a recaudación”, en palabras del director general de DigitalES. 

A su vez, desde la FEMP también incidieron en la importancia de llegar a todos los territorios nacionales: “Lo aconsejable sería dar también oportunidades a pequeñas operadoras que están explorando cierta innovación territorial y tecnológica en zonas que geográficamente están desfavorecidas y aisladas”, indicó Judit Flórez.

La perspectiva más técnica fue aportada por Juan José Ganuza, quien dijo que “la subasta del espectro para el 5G es bastante continuista respecto a la del 4G y se va a desarrollar en paralelo con casi todos los países de Europa”. Este tipo de modelo de adjudicación, en comparación con el concurso, “es un éxito, ya que realiza una mejor asignación de los recursos”. 

En este punto, Manuel Ortigosa puntualizó que en este proceso que se inicia hay una diferencia con los anteriores: “Los operadores tendrán que realizar un único pago al principio de la adjudicación y no como sucedía antes, donde las empresas liquidaban los pagos en diferido durante unos años”. 

Sea como fuere, esta subasta del espectro buscará conseguir el mayor beneficio para el Estado, el mayor bienestar para el ciudadano y el mayor interés económico para las empresas, parafraseando al propio Manuel Ortigosa.